desde que comenzó el coronavirus y otras decenas de miles aguardan en la frontera colombiana hasta el punto de haber formado un atasco por la decisión del Gobierno de Venezuela de limitar la entrada diaria de sus nacionales.
Desde el pasado 8 de junio cuando Nicolás Maduro informó de las nuevas retricciones, la frontera venezolana solo abre los días lunes, miércoles y viernes para que entren hasta un máximo de 300 venezolanos por los cruces oficiales: el puente internacional José Antonio Páez en Arauca y el puente internacional Simón Bolívar. Los que no lo consiguen se arriesgan a cruzar por las llamadas «trochas» (pasos ilegales) que a parte de ser peligrosas por la velocidad de las corrientes de agua, puedes ser víctimas de extorsión por grupos guerrilleros o paramilitares o detenido por las autoridades venezolanas.
Un informe publicado este martes por la ONG Human Right Watch y la Universidad de John Hopkins revela que las autoridades obligan a los venezolanos retornados a guardar 14 días de cuarentena en centros de salud con condiciones insalubres y hacinados, con escaso acceso a alimentos, agua o atención médica. «A muchos retornados se les ha exigido permanecer en centros de cuarentena durante varias semanas adicionales a los 14 días recomendados por la Organización Mundial de la Salud, debido a demoras en las pruebas de diagnóstico de Covid-19 y a un protocolo de testeo innecesariamente complejo», denuncian ambas instituciones en el informe.
Los PASI y la expansión del virus
A quienes retornan a Venezuela -desde el año 2014 han huido del país más de 5 millones de nacionales- se les exige permanecer en centros de cuarentena conocidos como Puntos de Atención Social Integral o PASI en condiciones deplorables por la falta de agua y electricidad y abarrotados de personas en cada habitación. Por lo general están ubicados en los estados fronterizos como Táchira, Apure, Zulia y Bolívar. El resto se encuentran en Caracas, Aragua, Falcón, Guárico y Vargas.
Los testimonios, que ayudaron a construir este informe, respaldan la teoría de Human Right Watch y la Universidad de John Hopkins de que es probable de que los retornados contribuyan a expandir el virus en Venezuela. «El hacinamiento hace que el distanciamiento social resulte imposible y se agrave el riesgo de transmisión del coronavirus», señala el documento. En palabras del director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco: «Los retornados venezolanos están expuestos a un riesgo mayor de Covid-19 en ambos lados de la frontera».
Los PASI en Venezuela han albergado a decenas de miles de personas. Existen 271 centros en todo el país, incluyendo cerca de 140 en zonas fronterizas, con una capacidad total de 14.000 personas. El documento describe la situación de uno de estos centros en el estado Zulia de la voz de un trabajador humanitario que aseguró que habían alojado cerca de 700 personas en un centro con capacidad para 200.
Iniciativas como el Proceso de Quito, creado por los gobiernos latinoamericanos en 2018 con el propósito de plantear una respuesta común al éxodo venezolano, se mantiene vigente y ha expandido sus funciones para acompañar y facilitar el retorno voluntario de los cientos de miles de venezolanos que como consecuencia del coronavirus perdieron sus empleos o su trabajo los que se dedicaban a la economía informal, y no podían continuar pagando un alquiler o comprando comida en los países de acogida y ahora desean volver.
El Gobierno de Maduro ha confirmado 79.117 casos de Covid y 658 muertos por esta enfermedad. Cifras muy por debajo de la de sus vecinos: Colombia a punto de llegar al millón de casos (911.000), Brasil 5,1 millones de contagios, Ecuador 144.000 y Perú 849.000.
