Macron duda si recurrir a un decretazo de excepción antes o después de las próximas elecciones municipales del 15 y el 22 de marzo, que también se presentan mal para el presidente de la República y su partido, La República En Marcha (LREM).
Tras año y medio de concertación fallida y dos meses de huelgas a repetición, el Gobierno presentó su proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional (AN) a primeros de febrero. El Gobierno, la patronal y los sindicatos siguen negociando la todavía incierta financiación del futuro sistema nacional de pensiones, sin saber cuando podrá «cerrarse» un chalaneo que tiene muchos flecos políticamente envenenados.
Mientras Gobierno, patronal y sindicatos prosiguen sus negociaciones, LREM ha comenzado a defender un complejo y desguazado proyecto de Ley, enfrentándose a una temible «guerra de guerrillas» parlamentarias: la oposición de izquierda, derecha y extrema derecha ha presentado 40.000 enmiendas, amenazando con bloquear la discusión parlamentaria durante semanas y meses de incertidumbre.
Discutir en la AN 40.000 enmiendas, a cara de perro, corriendo el riesgo de nuevas jornadas de huelga y manifestaciones sindicales, antes y después de la campaña de las elecciones municipales del mes de marzo que viene, es una amenaza palmaria contra el grupo parlamentario y el Gobierno.
Ante tal incertidumbre y bloqueo parlamentario, la Constitución de la V República ofrece al legislador un recurso eficaz: el artículo 49.3 permite aprobar por decreto cualquier Ley, siempre que no haya una mayoría parlamentaria capaz votar la censura y derrocamiento del Gobierno.
LREM tiene mayoría parlamentaria. No existe mayoría capaz de votar la censura del Gobierno. Se presta a Emmanuel Macron la intención de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar con un decretazo una reforma que se ha transformado aun rompecabezas político grave.
El decretazo permitiría aprobar la reforma del sistema nacional de pensiones, «pasando página». Pero también pudiera tener un costo político sensible, cuando el presidente de la República tiene de un 70 a un 73 % de opiniones negativas en los sondeos de opinión.
