Los escándalos, el punto débil de los nuevos ministros de Francia

Antes de iniciar la «refundación» de Francia y Europa, proclamada por Emmanuel Macron, el nuevo Gobierno de Francia corre el riesgo de topar de manera frontal contra un muro temible: polémicas y escándalos judiciales.

La Unión sindical de magistrados (USM, primer sindicato de la magistratura) considera que el nombramiento de Éric Dupond-Moretti, abogado penalista, como ministro de Justicia, es una «declaración de guerra».

Dupond-Moretti es un penalista célebre, que ha defendido causas «perdidas», escandalosas, con frecuencia. Fue uno de los primeros en defender a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, proponiendo, en su día, que Francia la acordase el estatuto de refugiado político.

Tema inflamable, con incidencia directa en la diplomacia nacional.

Dupong-Moretti es un personaje simpático y truculento, siempre dispuesto a «montar números» verbalmente llamativos durante la defensa de sus clientes. En su día, fue el abogado defensor de Jérôme Cahuzac, ex ministro socialista de los presupuestos del Estado, condenado por delitos de evasión de capitales, en Suiza.

La «declaración de guerra» de la USM anuncia tormentas por venir.

Acusación de violencias sexuales
En otro plano, Gérald Darmanin ha sido nombrado del Interior, cuando está pendiente de instrucción un proceso penal, por presuntos delitos de violencias sexuales (acoso, violación) por una señora cuya defensa declara: «Ese nombramiento es algo único en la historia reciente de Francia. Se nombra responsable de la seguridad nacional a un personaje sobre quién pesan serias dudas de moralidad».

El proceso, en curso de instrucción, no prejuzga la sentencia final. La presunción formal de inocencia tampoco prejuzga los riesgos escandalosos de un proceso de tales características.

«¡Un violador en Interior, su cómplice en Justicia!», se escuchaba esta mañana, en una manifestación feminista frente a la sede del Ministerio del Interior.

En otro plano, no es un secreto que Roselyne Bachelot, la nueva ministra de justicia, fue condenada, hace tres años, a 500 euros de multa y 10.000 euros de daños y perjuicios por haber acusado de Rafael Nadal de doparse. El tenista español entregó esa suma a varias asociaciones caritativas.