En la presentación de la investigación, Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional de Investigación para Siria, declaró que «lo que queda claro de la campaña militar es que las fuerzas progubernamentales y los terroristas designados por la ONU violaron flagrantemente las leyes de la guerra y los derechos de los civiles sirios». Entre los bombardeos analizados se incluyen los tres ataques del 29 de enero junto a un hospital en la ciudad de Ariha, bajo control de Al Qaida, y Pinheiro aseguró disponer de «motivos razonables» para acusar a las fuerzas leales a Bashar al Assad de «atacar deliberadamente al personal y las instalaciones médicas».
El organismo internacional entrevistó a «mujeres, hombres y niños» que «se enfrentaron a la espantosa decisión de ser bombardeados o de huir más profundamente a las zonas controladas por el HTS donde hay abusos desenfrenados de los derechos humanos».
Mayor desplazamiento de la guerra
Vladimir Putin, principal aliado de Al Assad, y Recep Tayyip Erdogan, que apoya a los grupos islamistas locales, acordaron en marzo el tercer alto el fuego desde que comenzaron las operaciones del Ejército sirio y sus fuerzas aliadas para retomar el control de Idlib. El cese temporal de la violencia no ha supuesto hasta hoy el regreso de los 900.000 civiles desplazados por los combates, lo que se considera la peor ola de desplazamientos desde el inicio de la guerra. Sobreviven en campos improvisados a lo largo de la frontera turca, pero Ankara no les permite acceder a su territorio, donde ya da cobijo a 3,5 millones de sirios.
Después de nueve años de guerra, Idlib, en plena frontera con Turquía, se ha convertido en el último gran frente abierto. Este es el lugar al que fueron evacuados los milicianos de los distintos grupos armados de la oposición tras rendirse en lugares como Alepo, Guta o Daraa. Se estima que unos 70.000 combatientes, de ellos unos 10.000 miembros del brazo sirio de Al Qaida, están operativos y muchos de ellos combaten junto a las fuerzas regulares de Turquía.