Julian Assange comparece ante un tribunal británico en el inicio de su juicio de extradición a EE.UU.

Solicitado por la justicia estadounidense por haber publicado una gran cantidad de información clasificada, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, intentará a partir de este lunes convencer a la justicia británica de que se niegue a extraditarlo a Estados Unidos. El juicio tomará lugar en los juzgados de Woolwich Crown Court, junto a la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde está encarcelado Assange desde su detención en abril del 2019 en la Embajada ecuatoriana en Londres. La jueza Vanessa Baraitser escuchará los argumentos sobre por qué debería o no ser enviado a EE.UU.

El australiano de 48 años dijo en la audiencia preliminar que se niega a someterse a la extradición y sostiene que «su trabajo periodístico protegió a muchas personas». Assange enfrenta hasta 175 años de prisión por ser acusado de 18 cargos por
violar la Ley de Espionaje de 1917 por obtener y publicar «información clasificada». Sus partidarios denuncian en estos procedimientos un grave peligro para la libertad de prensa.

Jennifer Robinson, abogada de Assange, dice que su caso podría llevar a criminalizar actividades cruciales para los periodistas de investigación y justifica que su trabajo ha arrojado una luz sin precedentes sobre cómo Estados Unidos condujo sus guerras en Irak y Afganistán. «Estamos hablando de asesinatos colaterales, evidencia de crímenes de guerra», dijo. «Son un recurso notable para aquellos que buscan responsabilizar a los Gobiernos por los abusos».

Estados Unidos lo acusa en particular de haber puesto en peligro algunas de sus fuentes al publicar en 2010 en Wikileaks 250.000 cables diplomáticos y 500.000 documentos confidenciales relacionados con las actividades del ejército estadounidense en Irak y Afganistán.

Entre estos documentos había un vídeo titulado «Asesinato colateral» que mostraba a civiles muertos por disparos desde un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

La justicia británica tendrá que determinar si la solicitud de extradición que se le presenta cumple con los criterios legales, y si no es desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.