El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, que presidió esta reunión por teleconferencia, dijo que el plan «aborda los puntos clave para un posible futuro pacto migratorio», pero admitió que no todos los países estaban de acuerdo con sus fundamentos ya que «hay diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista». La ministra italiana, Luciana Lamorgese, se mostró alentada de que las propuestas marquen un cambio de política pero, dijo que todavía «estamos en el inicio de un largo proceso y una negociación muy compleja». Su colega español, Fernando Grande-Masrlaska defendió «la necesidad de articular una verdadera cooperación con los países de origen y tránsito de la inmigración, un elemento que ha señalado como indispensable si se quiere poner en marcha una política europea realmente eficaz en materia de inmigración y asilo».
El nudo gordiano de este problema radica en lograr que no sean solamente los países con fronteras exteriores, específicamente los del sur, los que tengan que resolver la situación de todas las personas que llegan a su territorio. El plan prevé un refuerzo de la vigilancia de las fronteras y una política contundente para devolver a sus países a aquellas personas que no cumplan los requisitos para quedarse en Europa o recibir asilo. Los recién llegados serán identificados sistemáticamente. Todos los países deben compartir el coste de la tarea y se permite a aquellos que no quieran admitir emigrantes, que contribuyan a los costes de la repatriación de los que sean expulsados y al control de las fronteras exteriores.
