Dos testigos contra Ferrer, coaccionados con penas de cárcel por el régimen cubano

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado que las pruebas del juicio contra el activista opositor cubano José Daniel Ferrer, acusado de lesiones y privación de libertad por un supuesto ataque, están «manipuladas» y «preparadas exclusivamente por la acusación, dirigida por el Gobierno» de Cuba. Según el OCDH, el abogado de Ferrer había sido avisado de la celebración del juicio, que ha comenzado este miércoles, «poco tiempo antes», por lo que «no ha tenido posibilidad de proponer pruebas durante toda la tramitación de las actuaciones, dejando indefenso» al activista, según han trasladado mediante su cuenta de Twitter.

Asimismo, el Observatorio ha denunciado que dos de los testigos en el proceso contra el también líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) «han sido coaccionados por las fuerzas del régimen con condenas de uno a ocho años si no cooperan con las ilícitas pretensiones del Gobierno cubano».

Por último, desde el organismo han asegurado que el Gobierno de Cuba ha designado la asistencia letrada a Ferrer, «sin posibilidad» de que el activista «elija su propia defensa».

Ferrer, que ya pasó ocho años en prisión tras su arresto en la Primavera Negra de 2003, fue detenido el 1 de octubre de 2019 en su casa de Santiago de Cuba. Las autoridades cubanas le acusan de dar una paliza y secuestrar a un hombre al que incluso llegó a entrevistar la televisión cubana. La familia, en cambio, ha denunciado una trama orquestada y ha acusado al régimen de torturar a Ferrer. El Gobierno, por su parte, ha asegurado que todo forma parte de una «campaña de calumnias» y ha acusado a Estados Unidos de intentar sacar partido político de este mediático caso.

El OCDH ha asegurado en un comunicado que la Fiscalía pedirá un total de nueve años de cárcel para Ferrer: uno por el delito de lesiones y ocho por el de privación de libertad. La organización ha instado al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembro de la UE a enviar observadores al proceso.