Sigue esta tarde conocimiento medidas de coerción a implicados en caso Pandora

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SANTO DOMINGO.-La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional continuará esta tarde el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los uniformados de la Policía Nacional que habrían sustraído más de 900 mil proyectiles valorados en casi 65 millones de pesos.

La audiencia fue fijada para las dos de la tarde en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, ubicado en Ciudad Nueva.

Tres de los 10 imputados en el denominado caso Pandora, a raíz de la operación Pandora, han mostrado y manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, informó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

El Ministerio Público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva contra los encartados y declarar el caso complejo.

La solicitud de medida de coerción, que consta de 213 páginas, incluye 135 elementos de prueba contra las 10 personas físicas y la persona jurídica involucradas en el caso.

Los acusados son el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como el subintendente Juan Miguel Pérez Soler. También el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.

Además, se encuentran bajo arresto para medidas de coerción el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.

El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, acción que fue rápidamente detectada por los investigadores.