Pruebas de diagnóstico COVID-19

Es más que evidente que desde un principio, en la República Dominicana, se ha carecido de una estrate­gia coherente y clara de im­plementación de las prue­bas de diagnóstico, que resulten ágiles, masivas, eficientes y gratuitas.

Para empezar, como cri­terio, el gobierno conside­ró que las pruebas no eran para todos. Esto así, a pe­sar de que nuestra Cons­titución consagra la salud como un derecho funda­mental de los ciudadanos; y de que una pandemia es un caso de calamidad pú­blica que no permite discri­minar o establecer barreras entre los que pueden o no pueden acceder a un bien público.

Por consiguiente, en lu­gar de conferirle a las prue­bas o test de diagnósticos,   un carácter de universali­dad, cada ciudadano tenía que asumir por cuenta pro­pia sus costos.

Luego, a través de un dis­curso del presidente de la República, el gobierno es­tableció que la prueba para detectar el coronavirus sería gratuita para la población en los laboratorios privados au­torizados para llevarla a ca­bo.

Pero no fue así. En el pro­pio discurso presidencial se indicaba que las pruebas gratuitas sólo se aplicarían a las personas mayores de 59 años; y que esas personas, como condición, estuviesen sometidas, a su vez, a dos condiciones: primero, que presentasen dos o más sín­tomas de coronavirus; y se­gundo, que sufriesen de dia­betes, hipertensión, cáncer e insuficiencia renal.

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