Maduro extiende la desaparición forzada hasta de críticos en las redes sociales

El régimen chavista endurece la represión y la censura. En los últimos dos años la escalada represiva aumentó a 724 personas el número de desapariciones forzadas por protestar en Venezuela y a 28 los casos de detenidos por transmitir mensajes críticos en las redes sociales, especialmente por whatsapp, durante la cuarentena del coronavirus. Un informe del Foro Penal y Robert F. Kennedy Human Rights señaló que en 2018 hubo 200 casos de desapariciones forzadas mientras que en 2019 aumentó a 524, los que suman 724 casos. El incremento se produce en medio de las protestas populares por la crisis económica y humanitaria de Venezuela.

En el documento se describe el método ilegal que utilizan los cuerpos de seguridad para detener a las personas sin órdenes judiciales de arresto ni de cateo, extorsionando a sus familiares, una práctica largamente extendida hasta la criminalización en las redes sociales que los opositores definen como «secuestro» contra los disidentes o los que critican al régimen de Nicolás Maduro.

En el informe señalan que las fuerzas de seguridad «llegan en vehículos no identificados, sin órdenes judiciales o algún documento. Asimismo, confiscaron celulares y computadores, sin decir mucho al esposarlos y cubrir las cabezas de los detenidos».

«Casi me ahogaron»
Uno de los casos que destacan en el informe es el de Ariana Granadillo, de 21 años. «Más del 20% de los detenidos afirmaron haber sido torturados en su cautiverio, al igual que Ariana Granadillo, de 21 años de edad. Durante una semana estuvo confinada, mientras la golpearon, interrogaron y casi ahogaron. Después de ese tiempo, la dejaron ir».

Los que torturaron a Ariana Granadillo eran agentes supuestamente de contrainteligencia, sus captores, pero no consiguieron alguna información relevante. «Nunca, nunca, nunca, nunca me involucré en nada de política», dijo la joven, según The New York Times.

El informe de Foro Penal y Robert Kennedy concluye que el objetivo de las fuerzas de seguridad es mantener bajo control a la población. En un país como Venezuela, donde la crisis se profundiza día a día, el régimen busca desalentar la disidencia y castigar a sus oponentes. En promedio, las desapariciones duraron poco más de cinco días lo que indica que el régimen busca sembrar miedo. Además, tendrían el objetivo de evitar el escrutinio que causarían detenciones a largo plazo y en masa.

449 presos políticos
En lo que va de año y hasta el 10 de junio el Foro Penal registra un total de 449 presos políticos de los cuales 35 son mujeres y 2 adolescentes que se encuentran en diversas cárceles venezolanas internados con presos comunes, según reporta el Foro Penal en su cuenta de twitter. Del total de presos políticos hay 321 civiles y 128 militares.

La dura cuarentena que ha impuesto Maduro por el coronavirus desde el 13 de marzo, casi 100 días de encierro y dos semanas de flexibilización parcial del trabajo, ha crecido la escalada represiva que se ha extendido a los usuarios de las redes sociales.

En las últimas 48 horas los cuerpos policiales han detenido a dos periodistas bajo el método de secuestro o desaparición forzada. Son los periodistas Mimí Arreaga y Marco Antoima que estaban presuntamente vinculados a cuentas anónimas de twitter, según denuncias del Sindicato Nacional de Periodistas (SNTP) Estos dos periodistas, en paradero desconocido, se suman a otras 26 personas que fueron detenidas en las mismas circunstancias en los últimos dos meses por difundir mensajes críticos en WhatsApp sobre el régimen de Maduro o cuestionando a las autoridades públicas, advierte un estudio publicado por la ONG Espacio Público.

Entre los detenidos se encuentran docentes, abogados, ingenieros, periodistas, trabajadores de la salud y ex trabajadores públicos. «Las privaciones ilegítimas de libertad por expresión en línea se han incrementado de forma progresiva en los últimos años a partir del uso masivo de las plataformas de Internet como mecanismo de expresión e información», dice el informe.

La ONG advierte que durante la pandemia se intensificó el patrón de persecución por medio de WhatsApp, plataforma de mensajería que no es de carácter público en sentido estricto. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también ha rechazado la criminalización del hecho de informar o de emitir una opinión que se observa diariamente en Venezuela, mediante la persecución de periodistas y de ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión.