Maduro llegó al poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, y poco tiempo después Venezuela entró en una recesión, de la que siete años más tarde no ha podido salir, y en ese lapso tampoco ha podido recomponer la economía que está sumida en una crisis sin precedentes, asfixiada por una hiperinflación que ha dinamitado el bolívar (moneda local). En 2019, el bolívar se depreció en un 97,36% con relación al dólar, mientras que la escalada de la crisis económica ha dejado al 96% de los venezolanos en la pobreza, una cifra que ha sido comparada con los niveles de África, según un informe desvelado recientemente por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en Venezuela 2019-2020 (Encovi).
Venezuela está consolidada como el país con más corrupción en América y el Caribe, pero aún así, el régimen venezolano no cesa de achacar el malestar que sufre la economía de su país a las sanciones que ha aplicado Estados Unidos desde hace apenas cinco años. El Gobierno de Maduro ha puesto en marcha varias medidas económicas como un mecanismo de defensa a la llamada «guerra económica». Pero, lo cierto es que todos esos intentos han sido en vano. Los venezolanos tienen actualmente un salario mínimo que los deja ganando menos de un euro al mes, un monto que está remotamente fuera del alcance para cubrir la canasta básica alimentaria.
En la entrega del proyecto de la ley «antibloqueo», Maduro ha dejado por fuera una explicación del contenido del instrumento legal, pero ha pedido a la ANC «la aprobación de una ley para enfrentar la más perversa y brutal agresión que ha sufrido nuestra patria en 200 años de vida republicana». Días atrás había dicho que los venezolanos verían los resultados de la ley a finales de año, fecha que coincide con las cuestionadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Además, se ha limitado a decir que se trata de «un mecanismo para garantizar que los activos internos se mantengan en las manos del Gobierno venezolano». En palabras del presidente chavista, el «bloqueo económico, financiero y comercial que se ejecuta en contra de nuestro país desde 2015, tiene como objetivo asfixiar la economía venezolana y así crear una crisis interna que justifique una intervención externa».
«El ritmo de caída de los ingresos externos, desde 2015, se eleva a 30.000 millones de dólares al año», ha dicho Maduro la noche de este martes, al tiempo que aseguró «no tener dudas» de que «es un terremoto a los cimientos mismos de toda la economía, que tuvo como cauce inicial la guerra declarada a los precios del petróleo (y) posteriormente, cuando los precios iniciaron una relativa recuperación (…) se pasó entonces a la fase dos: el colapso, el bloqueo total y la persecución total a la economía y las finanzas del país».
