No es posible cerrar a lo largo de 2020 todos los acuerdos con la UE que serían positivos para ambas partes. Una vez el Reino Unido se desconecte del derecho europeo a final del año podríamos asistir a una montaña de problemas jurídicos y también a un shock económico. Sobre todo si en vez de pactar un plazo adicional que permita consensuar las nuevas reglas del juego, en el último minuto de diciembre se improvisa un texto con vagas declaraciones de intenciones. La pesca, los servicios financieros, el comercio de bienes sin reducir los niveles de protección de los consumidores, trabajadores o del medio ambiente, la cooperación militar, las detenciones y entregas de presuntos delincuentes, la regulación del asilo y los refugiados, son algunos de los asuntos principales que requieren soluciones estables, sin aspavientos ni faroles. Del lado continental, el equipo de la Comisión ofrece la garantía de una capacidad técnica imbatible. Se mantiene además por ahora la unidad entre los 27 Estados, frente a una estrategia británica bien conocida en Bruselas, el intento de encargarse un traje a medida con las normas comunitarias. Pero desde fuera de la UE se negocia peor y se dibuja con menos seguridad el futuro.
